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Puerto La Cruz
El Tiempo Barcelona


 

CSJ colombiana solicitó investigar a hijo de Uribe por escándalo de prebendas

Viernes 30 de julio

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) colombiana solicitó este jueves a la Fiscalía de la nación investigar a Tomás Uribe, primogénito del jefe de Estado, Álvaro Uribe, por delitos contra la administración pública y tráfico de influencias, decisión que fue rechazada por el mandatario.

La medida judicial en contra de Tomás Uribe se enmarca dentro de una causa que la Corte lleva adelante sobre las prebendas que el Gobierno central habría facilitado a algunos de los parlamentarios para asegurar una reforma constitucional, que dio cabida a la reelección del mandatario en el año 2006.

La solicitud de CSJ se basa en que la Fiscalía investigue si el hijo de Uribe utilizó o no su postura para recomendar a una persona para la adjudicación de una notaría.

Por su parte, el mandatario colombiano, quien el próximo 7 de agosto entrega el poder, rechazó el cargo que le imputan al mayor de sus hijos.

"A una semana de entregar la presidencia. Después de un año de que recibieron el testimonio (de Tomás) compulsan copias a la Fiscalía, simplemente atendiendo infamias y dando lugar a tramitar rencores a través de la justicia", dijo Uribe, quien ha tenido enfrentamientos verbales con magistrados de la Corte.

El presidente Uribe manifestó su repudio a la decisión de la justicia, a los periodistas desde la Casa de Nariño (casa de Gobierno).

Asimismo, aseguró que "Tomás acudirá a la justicia como siempre lo ha hecho", al tiempo que acusó a al presidente de la sala penal de la Corte, el magistrado Yesid Ramírez, de prevaricar.

"Cuando el juez falla por el odio, prevarica", reiteró el jefe de Estado colombiano, quien señaló que la Corte da un mal ejemplo a través de magistrados que, como Ramírez, "tanto mal le ha hecho a Colombia".

El gobernante juró que sus hijos (Tomás y Jerónimo) no han intervenido en las decisiones del Estado colombiano. Aclaró que dentro del proceso que se sigue por el caso de las prebendas, Tomás cumplió con los trámites hace un año.

El ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, acusa a Tomás Uribe de inmiscuirse en la asignación de dos notarías.

La determinación del órgano judicial, de pedir la investigación, se basa en declaraciones de varios testigos y del propio Cuello Baute.

Los dos hijos hijos del presidente Uribe se han visto rodeados de escándalos por, presuntamente, beneficiarse de negocios personales por decisiones de subalternos de su padre. El primo del mandatario, Mario Uribe, también es investigado por casos de parapolítica.

En la misma medida del Supremo, se abrió la investigación de los ex congresista José Darío Salazar y César Mosquera Negret, quienes también habrían recibido notarías a cambio de apoyo a proyectos del Gobierno en el Congreso.


 

 De acuerdo con las conclusiones presentadas sobre ese país

Viernes 30 de julio

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), manifestó este viernes su preocupación ante la impunidad que existe en Colombia por la presencia de grupos paramilitares que aún accionan, de acuerdo con las conclusiones presentadas sobre ese país.

El grupo de la ONU, conformado por unos 20 especialistas en el tema, añadió en su informe sobre Colombia que existe "falta de progresos en los beneficios jurídicos para los desmovilizados de grupos armados o por la connivencia entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares".

Entre los expertos que se reunieron en Ginebra desde el pasado 12 de julio para analizar la situación del país latinoamericano, Fabián Salvioli declaró ante la prensa que uno de los temas que primó en la investigación fue el de los "falsos positivos", civiles asesinados y mostrados como uniformados caídos en combate.

"Una de las peores prácticas destacadas durante el periodo de estudio fueron los llamados 'falsos positivos', que deben ser investigados a fondo y los culpables juzgados", señaló.

Otros puntos de gran importancia que también forma parte de las conclusiones del Comité de Derechos Humanos, es la falta de investigaciones por las polémicas violaciones a los derechos humanos, así como los atropellos contra distintos activistas.

En ese mismo sentido, ejerce críticas además por la extradición ordenada desde el Ejecutivo colombiano de jefes paramilitares a Estados Unidos por considerar que dificulta las indagaciones sobre su responsabilidad por vulneraciones de derechos humanos

Sobre ese tema, el texto indica que las extradiciones "impiden el derecho a la justicia, el descubrimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, además de que contravienen la responsabilidad del Estado de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones de los derechos humanos".

Ante los resultados arrojados por las investigaciones, el Comité instó a Colombia para que adopte una serie de nuevos mecanismos de acción garantes de las recomendaciones planteadas por el grupo de expertos.

"El principal problema de Colombia es la impunidad, eso no ha mejorado en nada en los últimos años", afirmó Salvioli, en referencia a que este es el sexto informe realizado por el Comité.

Entre algunas de las recomendaciones presentadas por el Comité, se encuentra emprender el trabajo por la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la prestación de especial atención a las víctimas menores de edad, afrocolombianos e indígenas, quienes a juicio del grupo adjunto a la ONU representan "los más desprotegidos por la ley".

El informe reza además que "deben ser habilitados recursos específicamente destinados a brindar atención psico-social y rehabilitación" a las personas objeto de vejaciones.


 

Sarkozy propone retirar nacionalidad francesa a criminales extranjeros

Viernes 30 de julio
 
El presidente Nicolas Sarkozy propuso el viernes que la nacionalidad francesa pueda ser retirada a “toda persona de origen extranjero que haya atentado voluntariamente contra la vida de un policía, un gendarme o de cualquier representante de la autoridad pública”.

“Vamos a revaluar los motivos por los cuales se puede despojar de la nacionalidad francesa. Asumo mis responsabilidades”, declaró el jefe de Estado francés durante un acto en la delegación del gobierno en Grenoble (sureste) donde asistió a la investidura del nuevo representante departamental.

“La nacionalidad debe poder ser retirada a toda persona de origen extranjero que haya atentado voluntariamente contra la vida de un policía, un gendarme o cualquier representante de la autoridad pública”, sostuvo Sarkozy acompañado por los ministros de Justicia, Michele Alliot Marie, y de Interior, Brice Hortefeux.

El presidente francés asistió al acto diez días después de que el barrio popular de la Villeneube, en las afueras de Grenoble, fuera escenario de tres noches de violencia, luego de que un joven delincuente muriera por disparos de la policía que lo perseguía tras un atraco a un casino de la zona.

Durante esos disturbios, que dejaron decenas de coches calcinados y tiendas destrozadas, los policías fueron blanco de disparos con balas reales.

 
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